La trampa de las inversiones responsables en tierras agrícolas

En todas partes, desde los salones de los directorios de las corporaciones a las salas de reunión de Naciones Unidas, están surgiendo reglas acerca de cómo invertir “responsablemente” en tierras agrícolas. ¿Pero realmente ayudan estas reglas a las comunidades cuyas tierras son el blanco de la inversión, o simplemente respaldan a los inversionistas y a los gobiernos que actúan como sus cómplices? ¿Dónde deberíamos nosotros centrar nuestros esfuerzos, como parte de movimientos sociales que apoyan a las comunidades locales? ¿Tiene algún sentido combatir el acaparamiento de tierras mediante la adopción de reglas sobre cómo invertir de manera más responsable? En este documento de discusión, GRAIN busca estimular la reflexión y el debate en torno a estas importantes preguntas.

En 2012, GRAIN publicó un informe donde decíamos que la “regulación” es un enfoque equivocado para detener el flagelo del acaparamiento de tierras. Por regulación nos referimos a los esfuerzos por imponer restricciones, normas, reglas o estándares que hagan las adquisiciones de tierras menos dañinas para las personas y el medio ambiente. Demostramos que el desarrollo de “estándares” está lejos de lograr que las adquisiciones de tierras beneficien a todos, y que simplemente genera toda una nueva industria de la acreditación que se utiliza para calificarlas como “responsables” y así evitarles la etiqueta de “acaparamiento de tierra”. Dijimos que en el mejor de los casos estas iniciativas se basaban en un análisis superficial y que principalmente buscaban garantizar la aceptación social de la expansión de un modelo agrícola que beneficia solo a unas pocas élites.

¿Qué ocurrió desde 2012? Más de lo mismo. Quienes más presionan para que haya normas, directrices, protocolos y regulaciones relacionadas con el acaparamiento de tierras, parecen ser las corporaciones mismas. Estas necesitan tales marcos de referencia para continuar con sus negocios y con la obtención de ganancias sin que demasiada gente proteste. Y los gobiernos y las agencias intergubernamentales les han seguido la corriente: en los últimos años han producido una inmensa variedad de nuevas directrices y principios para regular el acaparamiento de tierras. Un amplio rango de organizaciones de la sociedad civil también se han visto envueltas en ejercer presión para que se redacten normas sobre el acaparamiento de tierras, ya sea elaborando principios ellas mismas, ya sea ayudando a gestionar acuerdos que respeten ciertos estándares, o ya sea intentando utilizar algunos de estos textos (o el espacio político en torno a ellos) como herramientas para que las comunidades rurales exijan sus derechos.

De acuerdo a nuestra experiencia, la llamada “inversión responsable en tierras agrícolas” es una mala noticia. A primera vista puede parecer buena idea. ¿Quién podría oponerse a un código de ética que orientase las inversiones del agronegocio? Pero políticamente, y en la práctica, la inversión “responsable” rara vez funciona en favor de las comunidades locales. Más bien crea una ilusión de responsabilidad que responde a las necesidades de los inversores, las agencias donantes y las élites políticamente influyentes, no a lo que necesitan las comunidades locales. En concreto, lo que testimoniamos en el terreno donde ocurren los acontecimientos, es que casi todos los llamados esquemas de inversión responsable no son sino mecanismos de relaciones públicas.

La regulación del acaparamiento de tierra: las corporaciones toman la delantera

Debido al creciente escrutinio público, las corporaciones se ven cada vez más presionadas a hacer algo para no ser calificadas de acaparadoras de tierras, o para que no se les vincule con la deforestación y otros impactos sociales y ambientales negativos de las inversiones en materia agraria. Para evitar el boicot de los consumidores o evitar medidas legales que pudiesen restringir sus actividades, se están apresurando a generar sus propias normas internas o a adoptar normas externas para poder ponerle el sello de “inversión responsable” a sus plantaciones, fondos de tierra agrícola, participaciones accionariales o cadenas de abastecimiento. Por ejemplo:

• El número de adherentes a las reglas sobre tierras agrícolas contenidas en los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas se duplicó entre 2011 y 2014, y tales reglas se han incorporado a las directrices generales de Naciones Unidas para los inversionistas.
• La People’s Company, una empresa de Estados Unidos que facilita grandes inversiones en tierras, ha desarrollado una guía detallada sobre inversión responsable en tierras agrícolas.
• Credit Suisse y otras compañías financieras han publicado indicaciones para las inversiones responsables relacionadas con los agronegocios para empresas de capital privado que estén activas en economías emergentes, y en estas indicaciones ponen el énfasis en la adquisición de tierras agrícolas.
• Algunas corporaciones, como Illovo Sugar y Nestlé, están publicando sus propios códigos de conducta internos sobre inversiones en tierras agrícolas.

¿Qué han significado en la práctica todas estos discursos sobre inversiones responsables en tierras de cultivo? Stefania Bracco, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), trató de cuantificarlo. Tomó la base de datos de Land Matrix sobre adquisiciones de tierra a gran escala y evaluó en cuántos casos se respetaba alguno de los estándares presentados como “inversión responsable”. Los resultados no invitan al optimismo. Solo una cuarta parte de los acuerdos sobre tierras se hizo con empresas que participaban en algún sistema de certificación (es decir, con validación por terceras partes) de inversiones socialmente responsables. En el caso específico de los agrocombustibles, un tercio de los proyectos no tenía conexión alguna con la responsabilidad social; para otro 20% de los proyectos no había información relacionada con su carácter de inversión socialmente responsable.

De forma similar, un estudio reciente de la UNCTAD y el Banco Mundial sobre inversiones agrícolas a gran escala analizó 39 proyectos ya establecidos en África y Asia, y encontró que menos de un tercio (30%) estaba afiliado a algún sistema de certificación de inversiones socialmente responsables (11). Esto significa que, en la mayoría de los casos, o se dice que los contratos sobre tierras siguen ciertos estándares de responsabilidad social empresarial, pero nadie controla si es cierto, o sencillamente no se aplica ningún sistema de responsabilidad social para ellos.
Mientras tanto, algunas de las grandes ONG internacionales han adoptado otro enfoque, intentando que grandes transnacionales de la alimentación (como Unilever, Coca Cola, Pepsi y Nestlé) adopten ciertos estándares para luego otorgarles reconocimiento público por ello. En una reunión de alto nivel entre gobiernos y corporaciones, esto fue descrito como un proceso en el que las compañías “presionan” a quienes los abastecen de materias primas para que respeten las directrices de conducta empresarial responsable.

Aunque siempre es bueno que las corporaciones eliminen sus malas prácticas, los propios estudios de la industria revelan que la principal motivación para que las empresas se adhieran a estándares de inversión de tierras es el hecho de que sus reputaciones estén en riesgo. En otras palabras, su objetivo es evitar el estigma de acaparadores de tierra. Es cierto que, desde 2008, en algunos casos la presión pública ha logrado que las empresas se retiren de algunos proyectos y contratos de adquisición de tierras. La evidencia a nivel local, sin embargo, deja claro que las acciones de las corporaciones para reducir el “riesgo a su reputación” rara vez significan que las comunidades locales mantengan el control de sus tierras.

Los gobiernos ofrecen más directrices

Los gobiernos, principalmente los de los países industrializados, también han redoblado sus esfuerzos para facilitar las inversiones responsables en tierras agrícolas. Lo han hecho principalmente tratando de convertir en legislación nacional las llamadas “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (Directrices voluntarias). La Unión Europea está presionando para que se adopten las Directrices voluntarias en África, mediante, al menos, dos programas distintos que abarcan 21 países.

Además, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8 (un conjunto de proyectos de agronegocios impulsados por los donantes en África, muchos de los cuales incluyen grandes adquisiciones de tierras) adoptó sus propias guías internas para establecer acuerdos agrarios responsables, e invitó a las corporaciones que participan en la Nueva Alianza a ponerlos en práctica. Algunos gobiernos, como los de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, también han desarrollado estándares y directrices que “sus” corporaciones y agencias de cooperación al desarrollo debieran cumplir, aunque rara vez lo hacen. Finalmente, la Unión Africana produjo sus propios principios rectores sobre inversiones agrarias a gran escala en África, a través de una iniciativa de política agraria conocida como Land Policy Initiative (LPI).
Mientras tanto, las agencias intergubernamentales y los grupos multisectoriales están desarrollando diversas herramientas para que los inversores las utilicen para probar que cumplen con estándares de buen comportamiento corporativo.

La sociedad civil, ¿logra algún avance o sale perdiendo?

Varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales también han promovido la inversión responsable como una cuestión de estrategia. Por ejemplo, muchos grupos han presionado para que se implementen las citadas Directrices voluntarias a nivel nacional y regional. Aunque reconocen que el texto no es perfecto (pues no condena el acaparamiento de tierra, por ejemplo), consideran que da apoyo político al derecho a la tierra de las comunidades locales. Algunas organizaciones han trabajado a través de iniciativas dirigidas por Naciones Unidas o los gobiernos, tales como el programa de la FAO en Senegal, en el que muchos grupos nacionales están participando. Otros lo han hecho a través de la mencionada Land Policy Initiative (Iniciativa sobre Políticas Agrarias) de la Unión Africana, en la cual participan, o piensan participar, varias redes regionales. En otros casos, redes internacionales como FIAN, CIP y ActionAid están implementando sus propios programas para promover y aplicar las Directrices sobre tenencia de la tierra a nivel nacional. Estos esfuerzos no están dirigidos solamente a África, sino que buscan incorporar las Directrices voluntarias a la legislación nacional en todas partes, incluyendo Europa, América Latina y Asia.

Hasta el momento, Guatemala es el único país que ha incorporado las Directrices voluntarias a un marco nacional de políticas sobre tierra. El país tiene una de las estructuras de tenencia de la tierra más desiguales del mundo, con el 60% de la tierra agrícola destinada a plantaciones a gran escala para la exportación. Se supone que la nueva Ley de Desarrollo Rural Integral responde a esta injusticia histórica y que fortalece los derechos de los campesinos y pueblos indígenas sobre sus tierras. Sin embargo, no menciona la redistribución de la tierra y no apoya de manera tangible la producción campesina, manteniendo el sistema de mercado existente, que solo ha acelerado la concentración de tierra en el campo.

Algunas organizaciones (como Amigos de la Tierra, Fern, Global Witness y ActionAid) han optado por una ruta diferente, trabajando para lograr que la Unión Europea reforme su legislación financiera e incluya un análisis de las inversiones con base en criterios relacionados con el acaparamiento de tierras. La idea es garantizar que las instituciones financieras, como los bancos y los fondos de pensiones, no puedan otorgar préstamos o hacer gastos e inversiones que se relacionen con el acaparamiento de tierras. La idea es respaldar esta exigencia mediante sanciones. Pero las posibilidades de crear regulaciones estrictas contra el acaparamiento de tierras son muy remotas. Dado el actual contexto político, donde pocos gobiernos europeos están interesados en controlar al sector financiero, se necesitarían muchos años más de campañas intensivas antes de poder obtener logros significativos.

Otra iniciativa apoyada por organizaciones de la sociedad civil en los últimos años fue la negociación, en el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, de un conjunto de principios para la inversión responsable en la agricultura (principios RAI, por sus siglas en inglés) (ver artículo de Altobelli en este Anuario de la Fundación de Estudios Rurales). Se afirmaba que los principios RAI debían ir un paso más allá de las Directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra y que debían establecerse normas de comportamiento más amplias para las inversiones de las corporaciones en el sector de la alimentación y la agricultura.

Para el movimiento Vía Campesina y otros, la idea era que se reconociera la importancia de los pequeños productores de alimentos como inversores, y que se despejara el camino para que sus necesidades e intereses fuesen reconocidos como centrales. Lo que ocurrió, sin embargo, es que esta posición fue marginada en función de otros intereses, y, por ello, el texto final de los principios RAI ha sido duramente criticado por muchas organizaciones de la sociedad civil que participaron en las negociaciones.

Un análisis del Transnational Institute resalta algunos de los principales problemas de los principios para una inversión responsable en la agricultura (RAI) que impulsa el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO: los derechos humanos quedan subordinados a las normas comerciales; se incluye el consentimiento libre, previo e informado, pero sujeto a reservas; los principios le asignan un papel regulatorio débil a los Estados, dejando intactos los actuales desequilibrios de poder; los derechos de los agricultores son equiparados con los intereses de las empresas semilleras, y, aunque la sociedad civil peleó duro para lograr la inclusión de la agroecología, esta aparece solo asociada al término “intensificación sustentable”, algo que favorece a las corporaciones.

De acuerdo a la dura evaluación del Comité Técnico de Desarrollo de la Tierra de la Cooperación Francesa, los principios RAI (sobre inversión responsable en la agricultura) del Comité de Seguridad Alimentaria no hacen más que condonar las inversiones “responsables” impulsadas por el Banco Mundial.

La desviación de los principios RAI

En la práctica, los estándares de inversión “responsable” en la agricultura han sido contraproducentes, o cuando menos irrelevantes. Analicemos varios casos.

El caso de Feronia

Tomemos el caso de la compañía canadiense Feronia, que tiene concesiones sobre 120.000 hectáreas en la República Democrática del Congo para plantaciones de palma aceitera y cultivo de cereales a gran escala. La compañía es 80% propiedad del Gobierno de Gran Bretaña a través del Grupo CDC y de las agencias de cooperación al desarrollo de Francia, España y Estados Unidos.

Feronia y sus accionistas tienen políticas y estándares relacionados con aspectos sociales y ambientales, condiciones de trabajo e integridad financiera. Aún más, Feronia tiene una política de “tolerancia cero” con la corrupción. El Gobierno español tiene prohibido invertir en cualquier actividad que involucre “un riesgo inaceptable de contribuir o ser cómplice de violaciones de derechos humanos, corrupción o impactos sociales o ambientales negativos”, mientras que la participación del grupo británico CDC exige que las actividades de Feronia no estén sujetas a afectación por demandas ambientales, sociales o agrarias. El African Agriculture Fund (Fondo para la Agricultura Africana), a través del cual se canaliza la participación estatal de Francia y España en el proyecto, tiene su propio “Código de conducta para la adquisición y uso de tierras”, pero se niega a hacerlo público. Más allá de estas reglas internas, Feronia y sus accionistas también se han comprometido colectivamente a adherirse a los estándares del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, Feronia viola seriamente estos estándares. Sus plantaciones fueron adquiridas sin el consentimiento de las comunidades locales y en circunstancias oscuras, que incluyen sobornos de varios millones de dólares para el asistente del presidente del Congo, Joseph Kabila.

En testimonios entregados a GRAIN y a RIAO-DRC, los líderes de las comunidades locales describen condiciones de trabajo horribles que violan las leyes laborales del país. Las personas de la localidad no pueden utilizar la tierra de las áreas en concesión, ni para la agricultura, ni para el ganado. Esto ocurre incluso en las áreas abandonadas, y los guardias de la compañía golpean, azotan y arrestan a quienes sean sorprendidos con frutos de palma aceitera cosechados en el interior de la plantación. Hasta el momento, la única práctica que Feronia ha tenido que implementar como condición para su financiación es llevar a cabo la evaluación social y ambiental de sus operaciones de palma aceitera que le impuso el Grupo CDC.

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible

Constituida en 2004 por iniciativa de la organización World Wildlife Fund (WWF) y varias de las compañías más grandes del mundo en los sectores de la alimentación y plantaciones, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible fue un medio para proteger (de las crecientes críticas por los procesos de deforestación, los conflictos de tierra y la explotación de los trabajadores) la expansión en el consumo de una mercancía altamente rentable. Algunas de las ONG que inicialmente se unieron a la Mesa Redonda la veían como una oportunidad para afrontar el desequilibrio de poder entre las comunidades locales y los trabajadores, por un lado, y las poderosas compañías y los gobiernos cómplices, por otro.

En el papel, la citada Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible utiliza un lenguaje enérgico sobre el consentimiento libre, previo e informado. Aún más, tiene un mecanismo de denuncias que las comunidades y los trabajadores pueden utilizar para defenderse de las compañías que no cumplen con los estándares. Pero una de las ONG que ha sido miembro de la Mesa Redonda mucho tiempo admite que “es generalizado el incumplimiento de los estándares sobre consentimiento libre, previo e informado”.

En Liberia, por ejemplo, la empresa Golden Agri-Resources (miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y una de las compañías con plantaciones de palma aceitera más grandes del mundo) firmó un acuerdo con el Gobierno liberiano que abarca 225.000 hectáreas de tierra. El Forest People’s Programme, que es parte del proyecto de la FAO para llevar a la práctica las ya citadas Directrices voluntarias, hizo una revisión del acuerdo y no encontró señal alguna de consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que las leyes de Liberia sobre tierras lo exigen y la Golden Agri-Resources había dicho que se comprometía a obtenerlo. Las comunidades afectadas llevaron sus reclamaciones a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible sin resultado alguno. La compañía “continúa abiertamente sin cumplir con muchas de las normas de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, disposiciones legales o estándares de buenas prácticas”, señala el People’sForest Movement. “Lo más preocupante es que se conforma un cuadro en que las compañías aplican un estilo de hacer negocios que básicamente impide cualquier posibilidad de que sus proyectos obtengan un consentimiento libre, previo e informado por parte de la comunidad”.

En Malasia, recientemente, otro miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, Felda Global Ventures, fue denunciado por violaciones a los derechos humanos y a las regulaciones laborales. Felda, que ha acumulado 700.000 hectáreas de palma aceitera en Malasia e Indonesia, no es un actor menor. Sus clientes incluyen a la corporación Cargill de Estados Unidos, la que a su vez abastece de aceite a Procter & Gamble y a Nestlé. Una investigación realizada por el Wall Street Journal en julio de 2015 mostró que los trabajadores habían sido incorporados a la fuerza de trabajo de Felda mediante el tráfico de personas; se les pagaba menos del salario mínimo, se les alojaba en muy precarias condiciones y se abusaba de ellos. “Nos compran y venden como si fuéramos ganado”, dijo uno de los trabajadores provenientes de Bangladesh, aludiendo a los contratistas que organizan la plantilla laboral de Felda, que está compuesta en un 85% por migrantes.

La transparencia es el principio número uno de la inversión responsable para la certificación por parte de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, al igual que para la mayoría de los esquemas que promueven la inversión responsable, pero hay numerosos ejemplos de cómo la transparencia no funciona en la práctica. En Gabón, la empresa Olam (el gigante de la palma aceitera con base en Singapur) estableció una alianza público-privada con el régimen de Ali Bongo para cultivar 50.000 hectáreas y producir aceite de palma certificado por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. Hasta el momento, más de 20.000 hectáreas de bosque han sido desmontadas. De acuerdo con el investigador local Franck Ndjmbi, se suponía que la empresa Olam llevaría a cabo un estudio de factibilidad antes de cortar el bosque, pero el estudio no se hizo.

Otros ejemplos

Por todos lados surgen informes acerca de otras experiencias. En Nigeria, una nueva investigación en campo por parte de Amigos de la Tierra muestra que la empresa Wilmar, el mayor productor de aceite de palma del mundo, está violando suspropios estándares de inversión responsable en Cross River, donde actualmente cultiva 30.000 hectáreas y tiene planes para cultivar cientos de miles. Los abusos cometidos varían, desde no cumplir con las obligaciones que la compañía debería guardar en relación al consentimiento libre, previo e informado, hasta provocar destrucción ambiental a gran escala. En la República Popular de Laos se esperaba que los inversionistas chinos que recientemente obtuvieron una concesión de 10.000 hectáreas de tierra para producir arroz en la provincia de Chapassek, cumplieran con el nuevo modelo gubernamental de inversiones “justas”. Este modelo requiere que los campesinos sean “accionistas” del proyecto mediante su contribución en trabajo o en tierra. En realidad, informa Amigos de la Tierra, las personas de la localidad no recibieron participación alguna de las ganancias del proyecto, ni se solicitó su consentimiento cuando les arrebataron sus tierras.

En otros casos han surgido conflictos abiertos sobre la implementación de estándares. En Tanzania, por ejemplo, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han presentado quejas muy serias acerca de Eco-Energy, un emprendimiento conjunto dirigido desde Suecia para producir agrocombustibles. El proyecto es apoyado por el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Suecia. Consiste en la producción de caña de azúcar en 20.000 hectáreas. Las casi 1.300 personas que han sido desplazadas por el proyecto, aseguran que la empresa viola el estándar de desempeño n° 5 de la Corporación Financiera Internacional sobre reasentamientos involuntarios, pero la empresa niega tales aseveraciones y llama a los desplazados “invasores”.

Incluso en los Estados Unidos hay nuevos informes que describen de forma detallada cómo los subcontratistas de Hancock Agricultural Investment Group (uno de los mayores grupos de corretaje de inversiones en la agricultura en el país y propiedad de ManuLife, la mayor empresa de seguros de Canadá) violaron sistemáticamente las leyes nacionales sobre condiciones de trabajo y de seguridad. Las noticias al respecto surgieron solo porque los trabajadores iniciaron acciones legales, algo que pocos trabajadores agrícolas pueden hacer. El caso demuestra que es la estructura misma de los acuerdos sobre tierras con las corporaciones (mediante los cuales, por ejemplo, un inversionista pone dinero en un fondo que le paga a un administrador que le paga a un contratista que le paga a un subcontratista que lleva a cabo actividades ilícitas) permite al sistema evadir responsabilidades. También provoca serios cuestionamientos sobre cómo pueden los gobiernos de Estados Unidos y Canadá fomentar estándares de responsabilidad en el extranjero cuando no son capaces de aplicarlos en su propia casa. En realidad hay abundante evidencia de casos en que la industria de los alimentos de Estados Unidos (como sus iguales de Australia o Gran Bretaña) está involucrada en casos de tráfico de personas, esclavitud y otras condiciones deplorables.

Dónde poner un límite

El hecho es que la presión para impulsar la llamada “inversión responsable” en la agricultura no está deteniendo el acaparamiento de tierras. En nuestra opinión, las razones son estructurales y difíciles de evitar, incluyendo:

• El carácter voluntario de todas estas reglas y directrices impide crear legitimidad, y por lo tanto no pueden provocar un cambio. ¿Quién decide lo que es “responsable”? ¿Qué garantías hay de que los inversionistas las respetarán?
• Las empresas saben que no se les puede obligar a cumplir más allá de las leyes nacionales. Si las leyes de un país no reconocen los derechos comunitarios sobre la tierra como “legítimos”, no se les puede obligar a respetarlos.
• Es necesario tomar una decisión política sobre si se promueve el agronegocio o se promueve la agricultura y los sistemas alimentarios en manos de comunidades. Son las élites quienes aseguran que ambos son compatibles o que se deben compatibilizar. Para las comunidades que han tenido que renunciar a sus tierras y formas de vida para que se instalen los proyectos de agronegocios a gran escala, la compatibilidad es un mito.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué funciona realmente? ¿Qué es lo que ha logrado detener el acaparamiento de tierras o ha contribuido a ello en los últimos años? ¿Dónde debiera concentrar sus esfuerzos la sociedad civil? Pensamos que son dos cosas las que mejor han funcionado.

Primero, y sin lugar a dudas, la presión política funciona. Lo que las empresas llaman escándalo –trabajo con los medios de comunicación, cuestionamientos públicos, campañas, movilizaciones, investigaciones, resistencia y acciones directas– logra realmente disuadir y alejar a los inversionistas. Es lo que ha ocurrido con los inversionistas de los Estados del Golfo y con las compañías europeas que operan en África. Hemos visto cómo se detuvieron o redujeron proyectos en Camerún, Tanzania y Madagascar. Las comunidades que han exigido sin descanso que se les devuelvan las tierras también han tenido algo de éxito en Sierra Leona (Addax), Camerún (Herakles), Tanzania (Serengeti) y otros lugares. Por supuesto, este no es un trabajo que dé frutos de la noche a la mañana. Pero es fundamental y necesita apoyo serio de manera desesperada.

Segundo, denunciar lo que los acaparamientos realmente significan (procesos violentos, devastadores y a menudo ilegales) también puede funcionar. Algunos acuerdos de acaparamiento han fracasado o se han revertido debido a situaciones de corrupción, violación de derechos humanos, evasión de impuestos y otros. Investigaciones acerca de la ilegalidad de las adquisiciones de tierra de Cargill en Colombia mostraron un inmenso fraude, lo que llevó a cambios en la legislación gracias a un bloque político valiente y progresista en el Congreso. La evidencia creciente acerca de faltas y delitos cometidos en África por el inversor de la India, Karuturi, provocaron una investigación sobre la compañía que la llevó a los tribunales; actualmente, Karuturi lucha por mantenerse a flote. En Senegal, el trabajo de investigación hecho por la sociedad civil reveló que el proyecto Senhuile-Senethanol tenía un origen y una estructura oscuros, lo que llevó a que su director fuese despedido y encarcelado, aunque el proyecto continúa. El importante trabajo de Global Witness denunciando el papel de los “señores del caucho” de Vietnam (y de las instituciones que los han apoyado, el Deutsche Bank y el Banco Mundial) en el acaparamiento ilegal de tierras en Camboya y Laos ha comenzado a provocar cambios. El punto es que demostrar la naturaleza criminal que a menudo tienen los acuerdos de acaparamiento de tierras puede ser una manera más útil que hacer tales inversiones más responsables.

Por supuesto, se necesitan diversas estrategias y tácticas. Pero para los grupos de la sociedad civil es importante, desde el punto de vista político, fijar un límite y no buscar que las inversiones en acaparamiento de tierra sean más amables, menos agresivas, más inclusivas o menos abusivas. El acaparamiento de tierras, incluso si se lleva a cabo de la mejor forma posible, es incompatible con la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales. El acaparamiento debe ser denunciado y es urgente detenerlo.

Fuente: GRAIN, publicado el 25/08/2016